Para la Revolución Ciudadana una mentira dicha mil veces la pretenden convertir en verdad y engañar al pueblo ecuatoriano, al señalar que con esta Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos supuestamente se estaría nacionalizando el petróleo.
Nada mas falso; para empezar debemos saber que esta Ley carece de toda legalidad ya que reforma tres materias legales (hidrocarburos, tributario y laboral) en un solo Proyecto de Ley de carácter ordinario, el cual además modifica una Ley orgánica (la de Régimen Tributario), violentando de esta forma la Constitución en sus Arts. 136 y 133 respectivamente.
La nacionalización del petróleo que ha sido una de las banderas más importantes para la izquierda revolucionaria, ni de lejos se contempla en esta Reforma impuesta desde Carondelet; al contrario violenta la Constitución, desde su primer Artículo, el cual determina que los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado; asimismo en su Art. 316 dispone que la figura de delegar la participación en los sectores estratégicos a la iniciativa privada, se dará única y exclusivamente por excepción.
Pero según la Reforma, la excepción se convierte en regla al poner en igualdad de condiciones a las empresas estatales y a las extranjeras. Así, la figura de delegación se dará a través de un proceso de licitación, pero no para las empresas estatales de otros países (Art. 8 del Proyecto); con lo que se viabilizará la transferencia a dedo de nuestros campos petroleros a empresas como Petro-Bras, PDVSA y otras de países que integran la comunidad internacional, contraponiendo los intereses gubernamentales de los “círculos rosa” a los altos intereses nacionales y soberanos de nuestra Patria. Asimismo, mediante la DELEGACIÓN se transferirá todos los beneficios de los campos petroleros: transporte por oleoductos, poliductos, gasoductos, su refinación e industrialización (Art. 2 del Proyecto).
Por otro lado es necesario señalar que Petroecuador explota el crudo a un costo de USD 4,25 el barril, mientras las privadas mantienen costos elevados, entre USD 9,69 y USD 37, nada convenientes para el país; lo cual es una razón más para rechazar la figura de DELEGACIÓN a estas empresas privadas que además son ineficientes. Lo que también se contrapone al Art. 261 de la Constitución que dispone solo el Estado central tiene la potestad de administrar los recursos hidrocarburíferos como competencia exclusiva.
Esta reforma además, contempla la disminución de los ingresos petroleros al permitir que el Estado tan solo se reserve el 25% de los millonarios beneficios económicos de las empresas privadas lo que pomposamente lo denominan “margen de soberanía”. Si esto sucede sería uno de los grandes atracos del siglo, además de violar el Art. 408 de la Constitución que textualmente señala en su segundo inciso: “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior al de la empresa que los explota”.
Por si esto fuera poco y a pesar de que las empresas petroleras transnacionales le adeudan desde el año dos mil al fisco, un monto cercano a los 780 millones de dólares por concepto de pago de impuestos, la “revolución ciudadana” les premia con la supresión del pago del impuesto a la renta y de regalías petroleras (Art. 27 y 11 del Proyecto respectivamente) contraviniendo lo dispuesto por el Art. 317 de la Constitución
Finalmente, estas reformas establecen una reducción del 15% al 3% de las utilidades de los trabajadores petroleros cuyos derechos son inembargables e irrenunciables según la carta magna en su Art. 326. Por ello el Frente Democrático de Profesionales de Pichincha hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano a rechazar la implantación de estas reformas neoliberales de carácter regresivo y a estar atentos a las acciones a realizase de conformidad con el derecho a la resistencia determinado en el Art 98 de nuestra Constitución.
Gustavo Reyes.
Nada mas falso; para empezar debemos saber que esta Ley carece de toda legalidad ya que reforma tres materias legales (hidrocarburos, tributario y laboral) en un solo Proyecto de Ley de carácter ordinario, el cual además modifica una Ley orgánica (la de Régimen Tributario), violentando de esta forma la Constitución en sus Arts. 136 y 133 respectivamente.
La nacionalización del petróleo que ha sido una de las banderas más importantes para la izquierda revolucionaria, ni de lejos se contempla en esta Reforma impuesta desde Carondelet; al contrario violenta la Constitución, desde su primer Artículo, el cual determina que los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado; asimismo en su Art. 316 dispone que la figura de delegar la participación en los sectores estratégicos a la iniciativa privada, se dará única y exclusivamente por excepción.
Pero según la Reforma, la excepción se convierte en regla al poner en igualdad de condiciones a las empresas estatales y a las extranjeras. Así, la figura de delegación se dará a través de un proceso de licitación, pero no para las empresas estatales de otros países (Art. 8 del Proyecto); con lo que se viabilizará la transferencia a dedo de nuestros campos petroleros a empresas como Petro-Bras, PDVSA y otras de países que integran la comunidad internacional, contraponiendo los intereses gubernamentales de los “círculos rosa” a los altos intereses nacionales y soberanos de nuestra Patria. Asimismo, mediante la DELEGACIÓN se transferirá todos los beneficios de los campos petroleros: transporte por oleoductos, poliductos, gasoductos, su refinación e industrialización (Art. 2 del Proyecto).
Por otro lado es necesario señalar que Petroecuador explota el crudo a un costo de USD 4,25 el barril, mientras las privadas mantienen costos elevados, entre USD 9,69 y USD 37, nada convenientes para el país; lo cual es una razón más para rechazar la figura de DELEGACIÓN a estas empresas privadas que además son ineficientes. Lo que también se contrapone al Art. 261 de la Constitución que dispone solo el Estado central tiene la potestad de administrar los recursos hidrocarburíferos como competencia exclusiva.
Esta reforma además, contempla la disminución de los ingresos petroleros al permitir que el Estado tan solo se reserve el 25% de los millonarios beneficios económicos de las empresas privadas lo que pomposamente lo denominan “margen de soberanía”. Si esto sucede sería uno de los grandes atracos del siglo, además de violar el Art. 408 de la Constitución que textualmente señala en su segundo inciso: “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior al de la empresa que los explota”.
Por si esto fuera poco y a pesar de que las empresas petroleras transnacionales le adeudan desde el año dos mil al fisco, un monto cercano a los 780 millones de dólares por concepto de pago de impuestos, la “revolución ciudadana” les premia con la supresión del pago del impuesto a la renta y de regalías petroleras (Art. 27 y 11 del Proyecto respectivamente) contraviniendo lo dispuesto por el Art. 317 de la Constitución
Finalmente, estas reformas establecen una reducción del 15% al 3% de las utilidades de los trabajadores petroleros cuyos derechos son inembargables e irrenunciables según la carta magna en su Art. 326. Por ello el Frente Democrático de Profesionales de Pichincha hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano a rechazar la implantación de estas reformas neoliberales de carácter regresivo y a estar atentos a las acciones a realizase de conformidad con el derecho a la resistencia determinado en el Art 98 de nuestra Constitución.
Gustavo Reyes.
