miércoles, 28 de septiembre de 2011

UN AÑO DESPUÉS DEL 30-S NO HAY NADA QUE FESTEJAR


Irresponsables y absurdos serán los festejos que el Gobierno ha preparado por motivo de lo que según dicen es la conmemoración del primer aniversario de los acontecimientos del 30-S.

El Ecuador entero sabe que los hechos que se produjeron ese día no fueron de ninguna manera el desarrollo de un golpe o supuesto golpe de Estado, sino el desencadenamiento de varias acciones de provocación a los sectores populares que se expresó en la rebelión de los policías y militares de tropa durante ese último día del mes de septiembre del 2010.

Ni a la oligarquía ni al imperialismo les interesa derrocar a Correa. Están conformes con un gobierno que legisla a favor de las transnacionales petroleras y mineras, que mantiene la privatización del agua y el latifundio, que aprueba leyes que violan la Constitución, como la Ley de Educación Superior que acabó con la autonomía universitaria, y otras que afectan los derechos laborales mientras ofrece exoneración de impuestos a los empresarios en el Código de la Producción. No podemos olvidar que estos hechos fueron el preámbulo del levantamiento que se produjo el 30 de septiembre, además que este gobierno hace rato ya ha manchado sus manos con sangre; los pueblos del Ecuador no vamos a olvidar jamás el crimen de Estado cometido contra el Profesor Bosco Wisuma durante el paro nacional de la UNE, del que tuvo el cinismo de culpar y sancionar a sus propios compañeros de lucha, estas fueron las provocaciones que antecedieron al 30-S, al igual que la represión de la protesta social y el levantamiento de más de 200 juicios a dirigentes populares acusados de sabotaje y terrorismo.

¿Qué pretende festejar Correa y sus acólitos? si con el operativo de rescate se puso en peligro la vida de los ciudadanos que se encontraban asilados en el Hospital de la Policía y en el Hospital Metropolitano, su personal médico y paramédico, así como los instrumentos, equipos y bienes de esas instituciones hospitalarias, acción que, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 5 y 8 del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de guerra, que les compete conocer, juzgar y sancionar a la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Será a caso que van a festejar haber actuado astutamente al haber limpiado el escenario de los hechos y ocultar las balas en los cuerpos de quienes fallecieron?.

¿O es que acaso pretenden celebrar la millonaria campaña publicitaria desatada en todos los medios de comunicación para convencer al país de la mentira de un Golpe de Estado que nunca fue?, ¿o quizá vayan a festejar la represión injustificada del estudiante Fernando Cocíos que se encuentra postrado en la sala de un Hospital solo por el “delito” de exigir sean tomados en cuenta sus opiniones antes de la implementación de un proyecto de Bachillerato inconsulto e improvidsado?; ¿o tal vez pretendan celebrar que van a iniciar la explotación de la Minería a gran escala, entregando nuestros recursos a las transnacioanles; o que inconstitucionalmente a través de un decreto van a despedir a miles de servidores públicos, mientras se mantienen los hospitales públicos colapsados?.

Gustavo Reyes

miércoles, 20 de abril de 2011

CORREA NO ES INVENCIBLE

El modelo político del presente régimen, que llegó a la dirección del Estado gracias al discurso de la corriente progresista, patriótica, revolucionaria y de izquierda, el cual ha sido abandonado por la aplicación de un modelo populista que en el fondo propone desarrollar las viejas tesis de la partidocracia burguesa, parecería tener un derrotero invencible, y tal vez porque sus recetas comenzaron por la apropiación de un discurso que no les pertenece, pues astutamente se han aprovechado de esa necesidad de cambio en los sectores populares, que ha venido madurando desde hace una década atrás con la caída de varios gobiernos neoliberales, y que hoy vuelve a desplegarse, debido a la traición de la que ha sido objeto.

Resulta imperante entonces, abrir la posibilidad de que el pueblo se involucre más que con un discurso, con un accionar político, es decir, que vaya exigiendo a las actuales autoridades las reivindicaciones que se conquistaron en el primer punto de llegada de la lucha popular, cual fue el escenario de Montecristi donde se establecieron las primeras reglas de juego de una nueva convivencia, pero además de aquello, que se vaya recreando la construcción del poder popular a través del involucramiento de una forma directa en la toma de decisiones, esto solo lo podemos lograr mediante el fortalecimiento de los frentes propios de cada sector popular: obreros, campesinos, maestros, estudiantes, pequeños comerciantes y el sector poblacional que cada vez adquiere una importancia más significativa, debido a la concepción de participación ciudadana que pretende crear el régimen en los sectores barriales; abrir el debate de la lucha de clases en cada uno de estos sectores y romper con la falsa idea de “ciudadanización” en el marco de aceptar roles intransformables, es una de nuestras principales tareas.

En este sentido, la participación de las organizaciones populares, con los Partidos de Izquierda a la cabeza, han sabido confrontar a este régimen, lo que les ha significado importantes éxitos en la conquista de reivindicaciones sociales, que nos hacen creer que ni Correa, ni el presente régimen son invencibles, y podemos afirmar esto al evidenciar el retroceso del gobierno en algunos de los proyectos que tenía en marcha y que no los ha podido cristalizar:

En Relación al Aspecto Educativo:

Los avances alcanzados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural estuvieron ausentes en el proyecto presentado a la Asamblea Nacional por parte del gobierno y su ministro fracasado Raúl Vallejo, por el contrario, todos sabemos que son fruto de la lucha histórica de la Unión Nacional de Educadores, de la juventud, de los padres de familia, y otras fuerzas democráticas organizadas entorno al desarrollo de un proyecto de educación emancipadora, que se expresan también en la creciente tendencia de cambio impulsada por las fuerzas patrióticas, de izquierda y revolucionarias.

Así por ejemplo, la Ley de Educación enviada desde el ejecutivo no contenía ni un solo Artículo referido al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, el gobierno proponía estandarizar el proceso de enseñanza aprendizaje bajo la visión de occidentalista, olvidando que la resistencia y lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas por defender su cultura y tradiciones milenarias es una de las realidades que configuran el escenario político actual, cuyos derechos son reconocidos en el Art. 57 de la Carta Magna; es así que gracias a la unidad de los pueblos indígenas y sectores organizados de la educación se logró defender un sistema de educación que reconozca su necesidad histórica de desarrollar, potenciar y fortalecer un sistema que respete su diversidad cultural para el cuidado y conservación de sus identidades.

Otro de los aspectos en que se logró vencer al gobierno fue que mientras en el Proyecto de Ley de Educación de Rafael Correa se perjudicaba a los maestros reduciéndolas a cuatro categorías su escalafón salarial, gracias al victorioso paro de la UNE y su presencia permanente en la Asamblea Nacional, se logró defender las diez categorías escalafonarias con una importante mejora salarial.

A pesar del odio que este gobierno ha hecho manifiesto no solo en contra de la UNE sino de todas las organizaciones gremiales y sindicales, se logro establecer que en la integración del Consejo Nacional de Educación que elabora el Plan Nacional de Educación, participen a más de las autoridades de gobierno, varias organizaciones gremiales de docentes, estudiantes y padres de familia con 13 delegados en total.

No olvidemos asimismo, que el magisterio ecuatoriano hizo retroceder al gobierno en sus intenciones de no reconocer el estímulo a la jubilación docente y de aplicar una evaluación punitiva y persecutoria; así, a través de dos grandes paros nacionales se dio paso al reconocimiento de cinco salarios básicos unificados hasta un máximo de 150 salarios como estímulo a los docentes para que se puedan jubilar (Transitoria 21 de la Constitución, huelga de hambre de julio de 2008); y asimismo, se dio paso a la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que monitoree la gestión de todos los actores de este proceso, desde sus autoridades, docentes y estudiantes, con el objeto de mejorar sistemáticamente la educación nacional (Capitulo noveno de la nueva Ley de Educación, gracias al paro nacional de septiembre de 2009).

En la defensa de los Recursos Hídricos

Tras más de una semana de bloqueos de carreteras, marchas y manifestaciones de comunidades indígenas y campesinas en siete provincias del país, Fernando Cordero Presidente de la Asamblea Nacional, propuso suspender la votación, que él mismo había colocado en el orden del día, y dar paso a la consulta pre-legislativa a las comunidades indígenas. Cómo no recordar que cerca de tres mil indígenas y campesinos se manifestaron en las afueras de la Asamblea Nacional entre el 04 y 05 de mayo de 2010 para vigilar que se tomen en cuenta sus observaciones al proyecto de Ley de Recursos Hídricos, con lo que se impidió el desarrollo del segundo debate en el Pleno y de esta manera se tenga que esperar la consulta a las comunidades y pueblos afectados por esta Ley, antes de que sea aprobada, esto sin duda constituyó una de las mayores derrotas para el actual régimen que hasta ahora no ha podido realizar la mencionada consulta, pues sabe de su inminente derrota.

La lucha como único camino de victorias se convirtió en la premisa que posibilitó el retroceso del gobierno en la aprobación de esta Ley, cuando en la provincia del Azuay, indígenas de al menos siete comunidades bloquearon constantemente la vía Cuenca-Girón-Pasaje, a la altura del sector de Tarqui en rechazo de la normativa, lo cual se constituyó en una afrenta difícil de olvidar para un régimen de prepotencia que tiene en marcha una serie de juicios penales contra los dirigentes de estas provincias.

Por otro lado, gracias al accionar de las comunidades y pueblos del Ecuador que inició con el levantamiento de septiembre de 2009, con el ejemplo de lucha del magisterio nacional, se logró recoger algunas de las aspiraciones populares en la redacción del segundo informe de esta Ley, que distan mucho de los Articulados enviados inicialmente por el ejecutivo. Así, se logra definir con claridad el derecho humano al agua como fundamental e irrenunciable, donde ninguna persona puede ser despojada o excluida de este derecho, su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. Se recupera el derecho de la Pacha Mama a la protección de sus fuentes, mantenimiento del caudal ecológico, preservación de ciclo hidrológico, protección de cuencas y ecosistemas de toda contaminación.

La izquierda revolucionaria y organizaciones indígenas y campesinas, barriales y populares del país organizadas en la CONAIE, ECUARUNARI, FEUNASSC, UCAE, CUBE, UGTE, JUNTAS COMUNALES DE AGUA POTABLE y de REGANTES, hemos venido planteando en las calles y al interior de la Asamblea Nacional el sentir de la mayoría del pueblo ecuatoriano, es por esta razón que se ha presentado un informe que se lo ha logrado convertir en una de las mayores banderas y elementos de unidad y conscientización en torno a la lucha por el Agua.

En materia laboral

El Decreto Ejecutivo 1701, expedido por el Presidente de la República fue desde todo punto de vista inconstitucional e ilegal, violentaba los convenios internacionales de la OIT 87 y 98, los derechos humanos y el Código del Trabajo, que garantizan el respeto de los derechos adquiridos, la contratación colectiva, la estabilidad y el derecho a la vida, los mismos que amparan al trabajador en el Código del Trabajo.

El presidente Correa aprovechándose de un discurso en donde señalaba que debían terminarse los “privilegios”, -privilegios a los cuales los trabajadores nunca se opusieron a que sean eliminados- siendo más bien el problema, que bajo este discurso se incluía a todos los derechos como privilegios para así eliminarlos. Este Decreto, por ejemplo, prácticamente anulaba la contratación colectiva para los trabajadores del sector público.

Pero las centrales sindicales, entre ellas principalmente la UGTE, conjuntamente con la CEOSL, CEDOCUT y CTE plantearon una demanda de inconstitucionalidad en contra de este Decreto, lo que inició un proceso importante de movilizaciones que exigían del Gobierno Nacional la derogatoria del mismo. Esta lucha derivó en la expedición del Decreto 225, que reformó en gran medida el 1701.

No debemos olvidarnos que esta lucha también frenó la propuesta del Gobierno de mensualizar el pago del décimo tercero y décimo cuarto sueldos.

En el Alza de las Pensiones Jubilares

La aprobación de la Ley Reformatoria a la ley de Seguridad Social para el incremento de las pensiones jubilares es la cristalización de la lucha de casi un año que han llevado adelante las organizaciones de jubiladas y jubilados de todo el país junto al Movimiento Popular Democrático y que corrige el despropósito cometido por la mayoría oficialista de Alianza País en el Congresillo, que puso como referente para el pírrico incremento de las pensiones a la inflación, la cual en dolarización es muy baja.

Este proyecto que es totalmente financiable fue presentado por el Bloque del MPD con el apoyo continuo de miles de jubilados que se movilizaron permanentemente a la Asamblea Nacional; no hay que olvidar que los agoreros del desastre del IESS, como María Augusta Calle, Armando Aguilar y otros representantes del régimen en la Asamblea fueron derrotados junto con Ramiro González, el representante del gobierno en el IESS; quienes se vuelven enérgicos defensores de los fondos de la seguridad social, pero solo cuando se habla de que éstos vayan en beneficio de sus legítimos dueños (afiliados y jubilados), pero que se convierten en los “papa noel” de la Institución, cuando se trata de prestar dinero que no les pertenece para salvar el déficit presupuestario del actual régimen. Prohibido olvidar que estos personajes fueron los que se opusieron al incremento de pensiones, quienes posteriormente, tuvieron que esconder su derrota cuajada en la máscara de una sonrisa fingida junto a los representantes de los jubilados en Corondelet.

En el Alza de sueldos al personal de tropa de la Fuerza Pública

Cuatro días después de las manifestaciones de integrantes de la Fuerza Pública el 30 de septiembre de 2010, quienes pedían que se cumpliera la homologación salarial pendiente desde el 2008, el Presidente, que al grito de ¡mátenme si pueden!, pero que no realizaría ninguna concesión al personal de tropa de la fuerza pública; finalmente decide suscribir un Acuerdo Ministerial para elevar los sueldos. Pero para que esto ocurra, como es costumbre en un régimen de derecha el pueblo, el uniformado en este caso, tuvo que expresar su inconformidad a través de la lucha, que por la tozudez del jefe de Estado, lamentablemente genero enfrentamientos, víctimas y mentiras que ya son de dominio público.

El anunciado incremento salarial para algunos efectivos policiales y militares, evidencia la razón de la protesta de la tropa afectada por la Ley de Servicio Público, que se aprobó inconstitucional y anti democráticamente por una Asamblea sometida a Rafael Correa, lo que develó que el supuesto golpe de Estado y secuestro del Presidente se lo orquestó desde las esferas oficialistas como un show mediático para justificar la prepotencia, autoritarismo y persecución popular, pero sin duda, el gobierno una vez más se vio obligado a retroceder.

Durante el tiempo que el régimen de la autodenominada revolución ciudadana abandonara las tesis del cambio soberano y la transformación social, ha sufrido varios reveses en sus enfrentamientos con los sectores populares que sin duda nos aclaran el panorama de que este régimen no es para nada invencible, a pesar de que ha acentuado su persecución política desempolvando un código penal de la dictadura para acusar a quienes se oponen a las pretensiones oligárquicas de esta nueva burguesía del siglo XXI, con la acusación del supuesto delito de sabotaje y terrorismo, o simplemente mandando a silenciar las voces críticas, al imponerles millonarias multas por supuesto daño moral.

Ejemplos de derrotas al régimen como lo hemos visto existen muchos, la juventud encabezada por la JRE y la FESE, logro frenar el paquetazo económico que a principios de año pretendió instaurar en nuestro país una nueva reforma tributaria, misma que entre otras cosas proponía la elevación del 12% del precio de las medicinas que pasarían a ser gravadas con el Impuesto al Valor Agregado IVA. El cobro de peajes urbanos y el gasolinazo, propuesto por su coideario Augusto Barrera, burgomaestre del Distrito Metropolitano de Quito, también fue derrotado por el accionar de los barrios, encabezados por la FBQ y la CUBE, por ello debemos estar conscientes de que en esta consulta popular indudablemente vamos a asestar una nueva derrota al régimen de Correa al decirle NO a su pretensión de tomarse por asalto el poder judicial, lo que fortalecería aún más a esta corriente progresista, patriótica y de cambio que se se ha vuelto a recuperar, que avanza y continúa creciendo hacia la consecución de una propuesta de cambio, esta si invencible, porque nace de las aspiraciones de los sectores populares que deben ser los únicos autores de sus propios destinos, para instaurar en esta tierra la Patria Nueva y el Socialismo que anhelamos todos los pueblos del mundo.

Gustavo Reyes.

jueves, 17 de marzo de 2011

ROBO-ILUCIÓN CIUDADANA


CORRUPCIÓN EN EL RÉGIMEN DE CORREA O LA EXPLICACIÓN DEL PORQUÉ QUIERE METERLE MANO A LA JUSTICIA

Desde el 2007 al 2010, la Contraloría ha remitido a la Fiscalía informes contra más de medio centenar de entidades por sospecha de delitos en la administración pública. 205 son contra la Corporación Aduanera Ecuatoriana; 80 de la Comisión de Tránsito del Guayas; 28 de educación; 26 de entes de Bienestar Social, incluido el ministerio; más de 35 contra telefónicas, 19 en Salud, sumada esa cartera de Estado; y al menos 12 en entidades de deportes, entre otras.

Por otro lado, hasta la fecha, el Ejecutivo y las diversas dependencias del gobierno han decretado alrededor de 245 declaratorias de emergencia, al amparo de las cuales se han adquirido insumos para las áreas de salud, educación, vialidad y suscrito contratos para la ejecución de la obra pública en los que, al parecer, el dispendio y perjuicio a las arcas del Estado constituyen la norma. A continuación se hace un recuento de los principales actos de corrupción del presente régimen:

EL GRAN HERMANO

Los actos de corrupción en los que se vería involucrado Fabricio Correa y su Hermano Rafa podrían llegar a más de $607 millones, por lo que la Contraloría General del Estado ya ordenó auditar contratos de obra pública para determinar si fueron suscritos con empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente de la República.

De acuerdo con un documento del ente de control los contratos examinados corresponden al proyecto Baba por $130 millones y otros entre Petrocomercial y Shi-Asia y Asociados/Monteverde, por $115 millones.

Además, la Contraloría lleva a delante el análisis de 8 contratos de Petroecuador por $195, 71, millones, que se encuentran en etapa de verificación preliminar, para luego determinar si procede aplicar una auditoría.

A ello se suman nueve exámenes especiales que la Contraloría realizó en 2009 a contratos suscritos por los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y de Transporte y Obras Públicas, Petroecuador, Predesur e Hidrolitoral con las empresas Cosurca, el Consorcio Amazónico y Megamaq S.A, de propiedad de Fabricio Correa.

Estos contratos suman $167,38 millones, en los que los equipos de auditores de la Contraloría determinaron responsabilidades administrativas y civiles culposas. Según el ente de control, por esta situación hubo destituciones, multas y glosas.

Además, en dos informes anteriores el ente de control determinó responsabilidades penales, que los remitió a la Fiscalía (en manos de Washo, el títere de Correa), organismo que aún no ha informado resultados de su investigación.

En suma, los contratos ya auditados por la Contraloría y los que están siendo verificados suman $607 millones, $100 millones menos que los detectados por la Veeduría Ciudadana, cuyos miembros además de ser descalificados, han sido amenazados con juicios penales por el presidente Correa, el secretario jurídico Alexis Mera, la ministra de la Política, Doris Soliz y Fabricio Correa.


MINISTERIO DEL DEPORTE.-

Desembozado y cínico fue el comportamiento de Raúl Carrión, ex Ministro de Deportes y su red mafiosa que operaba en ese ministerio y que al ser descubiertos, escandalizaron al intentar comerse los cheques de las evidencias del delito de enriquecimiento ilícito cometido. La protección y defensa a ultranza que le brindó Correa fue uno de los primeros indicadores de que algo andaba mal.

Así fue, pues casi de inmediato el presidente Rafael Correa mostró su respaldo al ex ministro, le expuso su apoyo en el transcurso de la investigación, cuando lo visitó en la cárcel y defendió cada vez que pudo. “Raúl sostiene que no supo de la actividad delictiva...”, comentó en su enlace del 23 de mayo del 2009. Además, dijo que con la Constitución, a Carrión le correspondían medidas cautelares, como el arresto domiciliario, lo cual sucedió enseguida, aunque luego fue suspendida y volvió a la cárcel.

Tres días antes del feriado de Navidad del 2009, el ex ministro salió de prisión. Por el retraso en el trámite de dos procesos penales por peculado (malversación de fondos públicos) tanto en la Fiscalía como en la Corte de Justicia se aplicó la caducidad de la prisión preventiva con asombrosa celeridad. Al final, fue absuelto en dos procesos que enfrentó por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Luego Moreno y Montevideo, los traga cheques asesores también quedaron libres.


MINISTERIO DE LA SALUD.-

Otro foco de escándalos es el Ministerio de Salud que estuvo a cargo de Caroline Chang, una de las “mejores ministras” según -su majestad-, sobre la que pesa un sinfín de acusaciones de adquisiciones con sobreprecios; como por ejemplo los pagos excesivos por el tamiflú, aprovechándose de la crisis de la gripe AH1N1, el negociado en la compra de camas hospitalarias y otros equipos médicos, y lo que más causó conmoción: la compra de 115 ambulancias que no eran más que simples furgonetas adaptadas.

Una última denuncia hace relación a un contrato suscrito bajo el sistema de adjudicación directa con Drager Medical Netherlands BV Zoetermeer, un consorcio holandés, cuya distribuidora en el país la hace la empresa Alem (en el 2005, el Comité Cívico Contra la Corrupción la incorporó en la lista negra de empresas, por negociar con sobreprecios), contrato en el que habría un presunto sobreprecio de 20 millones de dólares en la adquisición de equipos médicos para los hospitales públicos. Asimismo, se sabe de la compra de 28 ventiladores marca Evita en 77.135 dólares cada uno, mientras hay otras ofertas que cotizan el mismo producto en 37.000 dólares; la adquisición de 15 monitores desfibriladores marca Osatu de origen español en 22.154 dólares cada uno, mientras, el mismo producto marca Zoll (USA) se lo adquiere en 7.167 dólares; adicionalmente se recuerda que un contrato parecido con la misma empresa fue desechado en el IESS hace dos años, por los rumores de sobreprecio y corrupción que lo rondaban, pero en la “revolución ciudadana” no pasa nada.


MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Esta argolla de corrupción comenzó con el ex Ministro Jorge Marún, a quien se lo acusó de la entrega arbitraria de altos porcentajes de anticipos en contratos, los cuales llegan hasta el 75 por ciento, evadiendo cualquier tipo de control, así como la falta de sanciones a las contratistas por el retraso en el avance de obras, que ha sido evidente en un importante número de vías, a nivel nacional, por lo cual, las ilegalidades cometidas por el funcionario determinan que a más de ser enjuiciado políticamente, habría indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado, ya que incluso la Contraloría General del Estado detectó irregularidades en la suscripción de varios contratos.

Marún y el actual Prefecto de Loja de PAIS, Rubén Bustamante, quien también fuera ministro (e) de Transporte y Obras Públicasfue fueron acusados además de irregularidades en el Plan Relámpago de Vialidad que tenía previsto construir 67 obras por $1 300 millones, pero dos años después la mayoría de las obras no están terminadas. Las denuncias siguieron en contra del ex ministro de esta cartera David Ortiz, denunciado por corrupción en la edificación del cuarto puente en Babahoyo.


MINISTERIO DE EDUCACIÓN

En el Ministerio de Educación existen grandes casos de corrupción que no se han resuelto, entre los cuales se destaca la denuncia presentada en la Fiscalía por el Asambleísta Jorge Escala del MPD contra los ex funcionarios del período en el cual Raúl Vallejo fuera Ministro de esta cartera de Estado, tales como Édison Vallejo, Director Nacional de la DINSE, Julie Ordóñez, Directora de Asesoría Jurídica, Carmen Rocío Abarca Roa, Secretaria del Comité de Contratación y Manuel Humberto Buenaño, Director de Recursos Humanos, quienes constituyeron una mafia y al margen de la Ley de Contratación Pública, contribuyeron para que la entidad adjudique contrato a sus familiares por millones de dólares

Pero no solo eso, Vallejo también cometió peculado debido a que utilizó dineros públicos para promocionar una tamaña mentira, atentando contra la fe pública al realizar una falsa declaración de “Ecuador Patria Libre de Analfabetismo”; este ex Ministro también cometió actos de corrupción en la asignación del presupuesto para restaurar la infraestructura escolar a través de la DINSE; incumplió la entrega de los nombramientos y partidas docentes creadas en el 2007, y no repuso el desdoble de partidas dejadas por los docentes jubilados desde el año 2006..

No cumplió con el pago a cuarenta mil maestros del remanente del bono fronterizo para las provincias Amazónicas y Galápagos, de septiembre a diciembre del 2007 por más de 13 millones de dólares, violentó derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas en la educación intercultural bilingüe; mantiene, en continuidad con la Ministra actual a más de 50 mil docentes contratados en condiciones de precariedad, es decir, sin garantizarles estabilidad laboral; Se mantienen más de 5 mil escuelas unidocentes sin hacer nada por cambiar esta realidad hasta la presente fecha y se incumple la obligación legal de afiliar al IESS a los educadores populares, quienes han ganado demandas judiciales, producto de lo cual existen glosas por más de 18 millones de dólares. Por si fuera poco se aumenta el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por más de 10 millones de dólares, pero contrario a ello, se disminuyen los centros educativos que reciben este beneficio y en muchos casos se entregan productos no aptos para el consumo humano, dejando entrever que la plata se esfumó en otras cosas menos en la alimentación de nuestra niñez y adolescencia.


MINISTERIO DE DEFENSA

El caso más sonado y que salió a la luz pública por el hermetismo con que se maneja esta cartera de Estado fue por la compra de 7 helicópteros Dhruv con un costo para el Estado de más de 42 millones de dólares a la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL), luego de que en ocasiones anteriores habían fracasado cuatro procesos de compra de helicópteros a esta misma empresa por no cumplir con las normas técnicas requeridas, compra que finalmente se ejecutó sin que se cumplan las especificaciones técnicas determinadas en el artículo E de las bases del concurso establecidas por la FAE, recordaremos que incluso una de estas naves se accidentó el 27 de octubre de 2009 en Quito. El artículo 257 del Código Penal determina peculado si se adjudica un contrato sin cumplir con la normativa.

Por otro lado, este gobierno no solo ha dejado develada su imagen de corrupción, sino que además se ciernen muchas dudas al respecto del asesinato de Jorge Gabela Bueno, de 56 años, quien fue el primer comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en este régimen, el cual murió en la mañana del 29 de diciembre de 2010, tras diez días de agonía en un confuso indecente relacionado a un robo, pues solo 24 horas antes del deceso, Patricia Ochoa de Gabela, había ratificado ante el Fiscal de Samborondón, René Astudillo, que el ataque contra su esposo el pasado 19 de diciembre fue un atentado, por las denuncias que realizó respecto a la compra de siete helicópteros Dhruv que concretó la nueva cúpula que lo relevó en abril de 2008, de lo cual precisó que Gabela tenía más de una información..

OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN

  • Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, acusado de hacer fortuna en sus empresas a costa de la publicidad oficial.
  • Vinicio Alvarado, secretario de la Administración, por haber recibido 10.000 dólares mensuales, de acuerdo a una denuncia del gerente de Casinos INVERMUN.
  • Ricardo Patiño, ex ministro coordinador de la Política, acusado de promover una red de espionaje desde Carondelet, con los famosos “pativideos”.
  • El fiscal de la Nación, Washington Pesantes, también llevó su parte por no tramitar las denuncias de posible corrupción contra Karla Chávez, alcaldesa de Babahoyo, Luis Monge, jefe político del cantón Guayaquil, Mercedes Diminich, Gastón Gagliardo y Juan Carlos Cassinelli, asambleístas de Alianza PAIS.
  • Un informe preliminar de la Contraloría detectó errores en la aplicación de contratos y ejecución de obras en al menos 29 contratos suscritos por el ex ministro de Agricultura, Walter Poveda, el 12 de octubre de 2010.
  • El ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Aguiñaga, hermano de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, y los notarios Marcos Díaz y Julio Olvera fueron llamados a juicio con orden de prisión preventiva por el juez IV de Garantías Penales del Guayas, Jorge Mestanza, por supuesta falsificación de documentos de ciudadanos cubanos.

Gustavo Reyes

lunes, 21 de febrero de 2011

LA CONSTITUCION Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La Constitución del Ecuador ha sido señalada por varios tratadistas como un cuerpo jurídico que en su esencia recupera y garantiza derechos, en este contexto por tanto encontramos los derechos fundamentales entre los que podemos señalar, derechos naturales, libertades personales, derechos humanos, derechos de participación, etc., pensamos que constituye un imperativo fundamental, que los Estados asuman de manera seria y responsable el lograr por todos los medios que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, sean respetados en todas dimensión, esta situación lamentablemente en nuestra realidad no ha tomado cuerpo quizás por falta de una decisión política, de quienes tienen la representación del poder político del Estado.
Es meritorio articular acciones ordenadas y planificadas tendientes a plasmar en realidad, un respeto a los derechos constitucionales de la colectividad en su conjunto, con énfasis en la vigencia y respeto de los derechos que le asisten a los grupos vulnerables, especialmente, y abarcar en forma general la vigilancia y tutela de los llamados derechos humanos y de participacióncomo garantía para promover estados democráticos.

La mayoría de los tratadistas, coinciden respecto a que los derechos fundamentales, tienen que ser reconocidos y protegidos por el Estado, pues estos pertenecen al ser y no cabe que sean otorgados porque son innatos al hombre, no es necesario por tanto, cual es el fundamento que se esgrima para que sean reconocidos.
En los siglos XVII y XVIII el marcado nacionalismo individualista, consolidó la doctrina en los derechos individuales y de los derechos del hombre y del ciudadano, surgiendo la valoración de dichos derechos, mediante la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Posteriormente el 10 de Diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, procede a proclamar la Declaración Universal Derechos Humanos, que marca un hito histórico, en función del respeto a gobernados. La dignidad, libertad y honor del hombre, así como también para promover y tutelar el interés común.
Para el cumplimiento de estos objetivos, se cuenta con el respaldo de la Constitución Política del Estado, que es considerada como un texto
solemne o un conjunto sistemático de normas fundamentales, por medio del cual se produce la organización y funcionamiento del poder del Estado, que establece un listado de los principales derechos y garantías, para los ciudadanos que lo conforman, que no es otra cosa que un régimen de garantías a los derechos fundamentales.
Conceptos que están debidamente reglados constitucionalmente, en la parte orgánica y dogmática de la Carta Magna, recogiendo en la parte dogmática los principios indispensables y necesarios para la existencia e institucionalidad del Estado. Este sustento que mencionamos, tiene sude razón de ser, si tomamos en que la promulgación de la actual carta fundamental, tiene su origen en el pueblo soberano como mandante, que a través del marco constitucional, transfiere al Estado el poder suficiente eimperativamente le obliga a cumplir en el más alto grado el fin superior y ola finalidad última, cual es la de servir al ciudadano como persona humanay además procurar el bien común, visión y misión de la que no puede apartar su accionar, que siempre debe estar direccionado a estos objetivos, afirmándose en la Constitución que es la que otorga poder al Estado y se
convierte en el fundamento de su ordenamiento jurídico, considerando que esta viene a ser la norma suprema, que así mismo marca los parámetrosy procedimientos para su estricta aplicación y exigibilidad.

En un régimen constitucional o de derecho, todas las instancias iguales, estamentos del Estado, sean administrativos o jurisdiccionales, dentro desus actuaciones cotidianas, deben respetar el mandato constitucional que se traduce en garantía de respeto a los derechos fundamentales de los gobernados. Se ha dicho en reiteradas ocasiones, que solamente un régimen constitucional, conforma un Estado de derecho, esto implica que, todos los actores, gobernantes como gobernados y de manera especial los primeros, cumpliendo con la norma constitucional, tienen que someter sus actos a derechos. Berenice Polit Montes de Oca nos dice “En el plano constitucional, los derechos fundamentales aparecen positivados a través de dos sistemas: el de las cláusulas generales, consagrado en forma de valores o principios, y de las Leyes Especiales o casuístico, que se positivizan como normas específicas que concretan distintos derechos básicos, métodos que se han ido combinando en un sistema mixto.”
El estatuto constitucional del Ecuador, en el Art. 18 dispone, que los derechos protegidos son directamente aplicables por y ante cualquier autoridad, recogiendo la obligatoriedad del Estado de contribuir al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y mediante la disposición que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que establece la constitución, se consolida la tarea principal de una correcta interpretación y aplicación de nuestro ordenamiento jurídico.
Defender y proteger las libertades públicas e individuales del ciudadano y propender al fortalecimiento de los derechos humanos, en todo Estado moderno se ubican como uno de los fines primordiales, es por esto que nuestra Carta Política señala como un deber del Estado “Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad jurídica”, en relación con lo cual la declaración de independencia de los Estados Unidos de América expresa “ Señalamos como evidentes estas verdades: Que todos los hombres son creados iguales, que son dotados de su creador de ciertos derechos inalienables; entre estos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.
Entendemos entonces que la Constitución en nuestro país, viene a ser la condición de validez y unidad del ordenamiento jurídico vigente, por tanto ninguna otra norma legal podría estar en contradicción con esta, considerando que tiene valor superior sobre los preceptos positivos y obtiene sin lugar a dudas superior vigencia sobre aquellos.
La supremacía constitucional, acorde a lo analizado debe ser observada a todo nivel, al respecto el Dr. Jorge Zavala Egas manifiesta “El Ecuador no le ha dado a los tratados internacionales igualdad de rango con la Constitución, esa interpretación no tiene fundamento alguno”. Y sostiene “El Art. 272 (Constitución) no deja lugar a una interpretación semejante cuando afirma que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. El Art. 163 de nuestra Constitución precisa que los Tratados y Convenios Internacionales forman parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre las leyes y normas de menor jerarquía”. Señala que la igualdad de los Instrumentos Internacionales con la Constitución, no es de rango normativo, es de efectos jurídicos, y que la confusión de los que sostienen la equivalencia, radica en no observar la diferencia existente entre el rango de la norma y la eficacia de las mismas, criterio con el cual compartimos.

Autor: Dr. Jaime Hernández

martes, 4 de enero de 2011

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN LOS BARRIOS DE QUITO

Por Diego Morales Alarcón

Los acontecimientos a nivel internacional en el plano económico, político o social no esta alejado de nuestra situación en el país, la grave crisis económica que afecta al mundo, también aqueja a nuestro país, aunque el Presidente Correa salio en varios medios a decir que no llegaría al país, poco a poco tuvo que decir que se equivoco, los propias exportaciones bajaron, las importaciones de productos tuvo un alza de precios impresionante, lo que lleva un mayor empobrecimiento de las familias ecuatorianas, que se contrasta con la acumulación de riqueza, dinero en pocas familias millonarias del Ecuador, para muestra un botón, las familias ecuatorianas y de la ciudad ven que los precios de no solo productos de primera necesidad en mercados y tiendas han aumentado mucho, sino que también otros productos como legumbres, hortalizas, azúcar, también sufrieron esta alza, que refleja la crisis económica, mientras los sueldos salarios o lo poco que percibe las personas económicamente activas de la familia no se corresponde con estos aumentos de los víveres.

Pero no solo pasa en el tema económico, la situación política afecta a los pobladores también, leyes que se promueven desde el Gobierno de Correa que tienen intereses mezquinos y no benefician en nada a los ecuatorianos, ahí esta la Ley de Servicio Publico, el COOTAD, de Educación Superior, de Deporte, De producción, que solo buscan mantener la situación actual que no cambia en beneficio de todos. Podemos ver que va reduciéndose el acceso a educación y saluda, mientras se llenan la boca diciendo que ha aumentado persisten los problemas para poder solventar los grandes costos de ingreso a hospitales, las medicinas, los costos de libros, uniformes que paga las familias ecuatorianas, se persigue a líderes sociales y populares , a dirigentes de indígenas, maestros estudiantes universitarios (el presidente de la FEUE Nacional lleva 10 meses detenido en la cárcel) esto es negado por el gobierno de Correa, que basado en un asistencialismo, que significa dar pequeñas cosas o cantidades como si fuera limosna mientras que aumentan los dineros que recibe el Estado por concepto de petróleo, impuestos, contratos y prestamos con empresas Chinas, que solo quedan en eso en los pequeños grupos que están en Alianza País y el Gobierno, por eso debemos decir que este Gobierno no ha cumplido con las esperanzas que tiene el pueblo, que ha traicionado su plan de trabajo, las propuestas que llevo adelante en su campaña debemos denunciar este hecho y decir que no vamos a hacerle el juego al Gobierno peor tampoco a la derecha a los empresarios, a la oligarquía que mantiene sus privilegios, la posición de la Federación de Barrios de Quito es defender los intereses de lo mas desprotegidos, de los pobres que no gozan ni tienen ningún beneficio con las políticas del Gobierno , además la FBQ mantiene la independencia de su trabajo frente al Gobierno de Correa y al Alcalde Barrera que como peón del gobierno ha hecho nada o poco a favor de los pobladores del la capital.